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Piden 8 años para una mujer que estafó 5,2 millones a 133 compradores de pisos

La Fiscalía Provincial de Valencia solicita una condena de ocho años de prisión y una multa de 10.800 euros para una mujer que estafó más de 5,2 millones de euros a 133 personas al hacerse pasar por agente judicial que gestionaba la adquisición de pisos embargados, con un precio muy inferior al real.
La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha empezado hoy el juicio a la que es considerada como responsable de este entramado dedicado a la estafa, que ya había sido condenada por apropiación indebida en 2005 y en 2007 por receptación.
Según consta en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE, esta mujer, en colaboración con varios familiares, firmó 133 contratos de compraventa de inmuebles -entre ellos el del Hotel Bayren de Gandia- pidiendo señales que oscilaban entre los 3.000 y los 250.000 euros.
El fiscal la acusa de haber obtenido un ilícito beneficio patrimonial entre 2003 y 2009 al hacerse pasar por una agente judicial que se dedicaba a la gestión de la adquisición de pisos embargados a precio de tercera subasta, es decir, a un precio muy inferior al de su valor real de tasación.
Para ello, se reunía con los interesados en la compra de los inmuebles objeto de las referidas subastas para celebrar contratos de reserva de dominio, aunque en ningún caso tenía ningún tipo de facultad de disposición sobre los inmuebles.
A la firma de dichos contratos, y dada la apariencia de credibilidad y solvencia profesional que ofrecía la acusada (que se hacía acompañar de un chófer, un ciudadano brasileño también procesado, y que celebraba los contratos en las inmediaciones del juzgado) y de negocio fácil, las víctimas entregaron dinero a la acusada.
Todo ello bajo la promesa de que cuando se levantase el embargo que pesaba sobre los inmuebles y saliesen a subasta podrían adquirirlos abonando el resto del precio.
La acusada, valiéndose de la colaboración de su pareja sentimental, de dos hijos y de otras cuatro personas (entre ellas el chófer) pudo repetir estas operaciones hasta en 133 ocasiones, firmando supuestos contratos de compraventa de pisos, chalés, naves industriales e incluso hoteles.
Para su compañero sentimental, la Fiscalía reclama una pena de 7 años de prisión y una multa de 9.450 euros, mientras que para el resto de procesados (6) reclama 4 años de prisión y multa de 4.950 euros.
Todos ellos, de forma solidaria y conjunta, deberán hacer frente a la devolución de todas las cantidades indebidamente cobradas en los contratos de compraventa y que ascienden a más de 5,2 millones de euros.

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