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Archivan la causa por el supuesto cobro de comisiones en las prótesis de Ribera Salud

El Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha sobreseído provisionalmente la causa en la que se investigaba el supuesto cobro de comisiones a las mercantiles proveedoras de material ortoprotésico para los hospitales que gestiona Ribera Salud.
Tras interrogar a testigos, analizar facturas y estudiar los informes solicitados a distintas administraciones y organismos, el instructor concluye que no hay indicios de los delitos de malversación, cohecho y corrupción en los negocios que se estaban investigando desde mayo de 2016 tras recibir un atestado de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de Policía Nacional que, a su vez, recogía la denuncia de la Sección Sindical de Ribera Salud.
Según la denuncia sindical, ha informado el Tribunal Superior de Justicia valenciano, la central de compras B2B, entidad perteneciente a la sociedad que gestiona de forma privada el Hospital por concesión administrativa, estaba cobrando una comisión de hasta un 30 por ciento a los proveedores de prótesis si bien era la Generalitat Valenciana la que finalmente realizaba el pago de estos productos.
Según recoge el auto, los denunciantes decían basarse en un anónimo recibido y en "manifestaciones de traumatólogos", "suministrando datos muy escasos" por lo que el juzgado ha practicado numerosas diligencias encaminadas a "determinar si se ha producido una actividad delictiva en la gestión de la prestación ortoprotésica y concretar el posible ilícito penal".
Así, el juzgado ha requerido informes a la Conselleria de Sanidad, al Registro Mercantil y a la Agencia Tributaria; se han revisado facturas y contratos y se ha tomado declaración a los dos denunciantes y cinco testigos vinculados a las empresas proveedoras.
En su resolución, el magistrado explica que el pago de la prestación endoprotésica está excluido del objeto contractual de las concesionarias y el gasto es asumido directamente por la Conselleria de Sanidad, algo que ha sido corroborado por todos los testigos que han comparecido, según expone.
El juez considera que procede el archivo de la causa porque "las negociaciones llevadas a cabo entre los distintos suministradores de prótesis y la central de compras B2B no han alterado el precio de las prótesis que la Generalitat debe abonar".
Añade que "no han supuesto un mayor coste para el erario público, pues la propia Administración negocia y fija los precios de las prótesis.
Por tal motivo concluye que no existe prevaricación porque "no se ha acreditado un perjuicio para el patrimonio administrado", y apunta que "no consta que ninguna autoridad o funcionario público haya desviado fondos de alguna manera ni que haya favorecido intereses privados a cambio de alguna remuneración" por lo que "no hay base para continuar el procedimiento" por cohecho ni por ninguno de los delitos contra la Administración Pública.
El magistrado descarta también que los hechos investigados tengan encaje en el delito de corrupción en los negocios por cuanto según ha quedado acreditado "la adquisición de las prótesis no depende de la central de compras B2B, sino que son los propios profesionales de la medicina quienes prescriben la prótesis que consideran adecuada.
Además, para que exista delito, "el beneficio o ventaja injustificados deben percibirse por un directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa mercantil o de una sociedad, para sí o para un tercero".
En este caso, sin embargo, "las cuotas cobradas a los proveedores por la adhesión a la central de compras se perciben y facturan por la propia central B2B, como contraprestación a sus servicios, y no por administradores, empleados u otras personas en su provecho o de terceros".
En una resolución, notificada hoy a las partes, se indica que "no consta que se haya producido un indebido favorecimiento por B2B Salud de unos proveedores frente a otros".
En el auto que acuerda el archivo de la causa, el juez rechaza la práctica de las diligencias solicitadas en diciembre por Podemos, personado como acusación popular, por que las pidió fuera de plazo, cuando ya habían expirado los 18 meses de instrucción.
Ninguna de las partes, ni fiscal, ni acusaciones ni defensas, habían pedido una renovación de la primera prórroga que se acordó en noviembre de 2016.

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